Hoy me preguntaron cómo aplicaría una política pública de administración de riesgos a la contingencia sanitaria del Covid-19.

Una respuesta clara y sencilla es la administración de riesgos, que aplican países ricos y pobres, ya que su efectividad no depende de la cantidad de los recursos que tengan, si no de la eficacia con la que se ejerzan para resolver los problemas.

Un riesgo es cualquier cosa que, si sucede, impide lograr un objetivo. Lo relevante es definir propósitos concretos, que, aunque sean varios, no sean vagos. Decir “superar la crisis” no es útil si no le pongo nombre a “la crisis”.

Ubiquémonos en este momento: en México, el Covid-19 ha sido declarado una enfermedad grave, y ya ha iniciado la fase 2.

La reflexión puede aplicar igual a un país que a una familia, por lo que un jefe o jefa de familia se preguntará qué es lo que le preocupa. La respuesta no es tan obvia: sobrevivir, que la familia no se enferme, poder alimentarse, conseguir el dinero para sobrevivir, cuidarse de la inseguridad y la violencia, que no haya pleitos, etc.

Estos ejemplos son válidos y seguro hay más. Tener claro el objetivo es tal vez lo más difícil, no sólo porque pueden ser varios, sino porque hay que ser muy sincero consigo mismo.

Por ejemplo, habrá quien realmente esté preocupado por detener al “enemigo maligno”, pero ante el temor de la crítica prefiera decir que le apura su salud. Ello no significa que no se puede administrar el riesgo, sino que tiene dos objetivos que van a requerir más creatividad de su parte.

Regresando al análisis a nivel país, vemos en México los mismos cuestionamientos y dificultad para definir un objetivo claro. Dicen que donde manda capitán, no gobierna marinero y esto aplica especialmente en momentos de crisis. En una emergencia no hay espacio para el consenso o la discusión; son tiempos que exigen disciplina y un liderazgo que tome decisiones asumiendo la responsabilidad.

Volviendo al caso de la familia: si bien todos pueden opinar, si nadie toma decisiones lo más probable es que no se logre nada. Alguien tiene que decidir y asumir la responsabilidad y las consecuencias de ello. Lo ideal es que quien decida lo haga con base en información relevante.

Una vez que exista un objetivo concreto y claro, inician las cuatro etapas para administrar el riesgo:

Valorar: ¿qué puede pasar que me impida mi objetivo?, ¿qué tan probable es que suceda?, ¿cuánto me costaría?

Prevenir y mitigar: ¿qué puedo hacer para disminuir la posibilidad de que ocurra o —que si sucede— me afecte menos?

Transferir o retener: ¿puedo pasarle a alguien más una parte del riesgo?, ¿cuánto me costaría?, ¿qué parte del riesgo quiero pasar y con qué parte me puedo quedar?

Pensar en lo que viene: si a pesar de todo ocurre el riesgo, ¿qué voy a hacer? Si alguien me está ayudando, ¿cómo aprovecho mejor esa ayuda? Si tengo un seguro que me protege, ¿cómo uso esos recursos de la mejor manera? Si conseguí un préstamo para la emergencia, ¿cómo le saco el mayor provecho?

En conclusión, una política pública de administración de riesgos para la crisis derivada del Covid-19, debiera ser una herramienta para integrar una estrategia articulada y tomar decisiones responsables, con fundamento en información clara.

Decía santo Tomás de Aquino que es importante tener fe, pero aclaraba que la fe con la que movemos montañas es la fe en la recta razón, no la fe en la magia, en las santerías, ni en el esoterismo. Es la fe en la creatividad y la inteligencia para resolver los problemas que confrontamos.