La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el gasto público en salud por país represente mínimo el seis por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, México destina menos del 3 por ciento, uno de los principales motivos por los cuales la atención médica es de baja calidad, no se cuenta con la infraestructura suficiente y el acceso es desigual.

Entre los sectores más afectados por la falta de recursos y de servicios de salud que cumplan con los estándares internacionales, están las mujeres.

De acuerdo con Fundar, a pesar de ser una de sus obligaciones, el Estado Mexicano está lejos de poder garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva (SSyR) de las mujeres.

Muestra de ello, son los altos niveles de muerte materna y embarazo adolescente no deseado, el creciente número de mujeres que experimentan violencia en todas sus formas y la persistente criminalización de quienes han ejercido su derecho a decidir.

En su investigación titulada “Muchos recortes y pocos recursos, desafíos para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, la organización civil explica que uno de los retos que impide la garantía plena de estos derechos se relaciona con el poco dinero público que se asigna a los tres programas de SSyR dirigidos a más de 34 millones de mujeres sin empleo formal, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y acceden a los servicios de salud para población abierta.

De mal en peor
La investigación de Fundar deja en claro cómo ha decrecido el presupuesto para fines de atención sexual y de reproducción de las mujeres a lo largo de la actual administración.

Entre 2018 y 2023, los recursos asignados por el Poder Legislativo para el Programa Salud Materna Sexual y Reproductiva (SMSyR) no han sido progresivos, sino todo lo contrario.

El presupuesto de 2023 es 26.2 por ciento menor que el que se aprobó hace cinco años, en 2018.

En términos de monto de recursos, 2019 fue el año de mayor asignación, con 3 mil 083 millones de pesos, y 2022, el de menor con 2 mil 232 mdp.

“Estas fluctuaciones afectan la cantidad de profesionales de la salud, insumos, medicamentos e infraestructura disponibles para garantizar el ejercicio de estos derechos por parte de las mujeres”, se lee en el documento.

La organización también explica que a lo largo del año, el Poder Ejecutivo disminuye los recursos previamente asignados por el Legislativo sin que este ejerza ningún control, por lo que el presupuesto disponible termina siendo aún menor al asignado, hecho que afecta todavía más los derechos de las mujeres mexicanas.

“El Ejecutivo no debería realizar adecuaciones a la baja sin justificación y sin aprobación del Congreso. A pesar de este principio, en 2019 y 2022, el Ejecutivo disminuyó en más de un tercio los recursos que se aprobaron para el Programa de SMSyR, lo que impactó el cumplimiento de sus metas y objetivos.

“Estas disminuciones han sido constantes y se han vuelto más una regla que una excepción… Además, es importante señalar que estas adecuaciones se dan en un contexto en el que la violencia contra las mujeres se ha recrudecido, en el que hay una mayor demanda de los servicios de salud por el crecimiento demográfico y en el que el presupuesto en salud para población abierta es históricamente bajo en comparación con el de sistemas de salud para personas con empleo formal”, dice el centro de análisis e investigación.

Aunado a esto, también se reportan subejercicios, ya que las unidades ejecutoras de los programas de SMSyR no gastan en su totalidad el presupuesto que tienen disponible en un año fiscal determinado.

De acuerdo con Fundar, los mayores subejercicios se presentaron en 2021 con -4.6 por ciento y en 2022 con -6.6 por ciento, situación que compromete aún más los recursos para salud sexual y reproductiva.

Recursos en la opacidad
Uno de los principales hallazgos de la investigación realizada por Fundar en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujeres, son elevados niveles de opacidad con los que se manejan los recursos destinados para este fin.

De acuerdo con el centro de análisis e investigación, la falta de transparencia en el gasto impide conocer la totalidad de recursos que se asignan para financiar los programas de SSyR.

A pesar de que actualmente existe se cuenta con el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), plataforma en la cual se debe detallar el monto específico que cada estado ha de destinar a salud sexual y reproductiva, las entidades no transparentan las cifras.

“Si bien la plataforma SIAFFASPE es muy útil para conocer dichos montos, no se publica de forma proactiva, por lo que sólo se accede a ella a través de solicitudes de información pública; información que no se entrega en formatos abiertos, lo que limita su consulta y uso por la ciudadanía.

“Esto significa un retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas, pues se perdió la trazabilidad de estos recursos que antes sí se reportaban”, asegura Fundar.