La industria aseguradora en México está frente a un potencial escenario de máximo impacto financiero, ante el cambio de interpretación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto del cobro y devolución del Impuesto al Valor Agregado en pólizas de riesgos.

La prohibición de la acreditación del IVA en reparación y/o reposición por parte del SAT a las aseguradoras, representa un severo riesgo para toda la industria, particularmente para las aseguradoras que manejan gastos médicos, automóviles y daños.

Limitar el acceso a estos seguros aumentaría los costos en toda la cadena de valor, tendría un impacto negativo a los consumidores finales y generaría una mayor incertidumbre en la economía.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sostiene que las empresas de seguros tienen un marco jurídico sólido y robusto, y siempre han cumplido con sus obligaciones fiscales.

Refiere que las aseguradoras tienen más de 40 años aplicando el criterio que permite acreditar el IVA cuando se atiende un siniestro vía reparación o reposición, apegándose al marco jurídico y a toda la normatividad en la materia.

Y advierte que en las distintas visitas de inspección a lo largo de los años, nunca se había tenido una observación de esta naturaleza.

El criterio que utiliza actualmente la industria -sostiene-, es correcto, conforme a la mecánica natural de un impuesto indirecto que incluso es utilizado por diversos países del mundo, y varias empresas del sector ya están presentando los argumentos jurídicos pertinentes ante la autoridad, por lo que este tema ya está en tribunales.

La AMIS confía plenamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La industria aseguradora cree que el tribunal sabrá analizar los argumentos técnico-jurídicos, y estará atenta a la resolución que en su caso dicte el Tribunal.

El contrato de seguro es un instrumento que maneja un período de tiempo (vigencia) en que surten efecto sus obligaciones:

El IVA que las compañías de seguros enteran y pagan al SAT el día 17 de cada mes, se conforma por el IVA trasladado por las compañías por el pago de las primas al consumidor final, neto del IVA acreditable cobrado a las aseguradoras por los proveedores de servicios para reparar o reponer un bien o una condición, o para restablecer la salud.

La figura jurídica de la compensación está relacionada con la forma de pago entre partes, que resulta en un pago solamente, a favor de alguna de ellas.

Todo lo anterior está estrechamente relacionado con el objeto principal del seguro que es brindar protección financiera a sus asegurados a lo largo de la vigencia de sus pólizas/contratos, con base en la mutualidad.

La industria de seguros en México subraya la organización gremial- ha demostrado una notable resiliencia a lo largo de los años, incluso en tiempos de adversidad económica y desastres naturales como la pandemia y los sismos.

Y como uno de los grandes jugadores del sistema financiero mexicano, ha respaldado la estabilidad financiera de miles de mexicanos al brindar protección y seguridad financiera en momentos de necesidad.

Los seguros son un pilar fundamental para la estabilidad y competitividad de las industrias en México.

El diferendo en la interpretación del SAT respecto de las aseguradoras, ha provocado enorme preocupación entre las instituciones.

De acuerdo con algunos análisis sobre el reclamo de la autoridad fiscal, de aplicarse tal cual lo pretende el SAT, casi la mitad de las instituciones de seguros que operan en México estarían en riesgo de insolvencia.

El tema, podría provocar severas consecuencias a una industria que se caracteriza por su solidez.

Veremos cómo lo resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa