Derivado de los cambios que estableció el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que las aseguradoras, a partir del ejercicio fiscal 2019, cumplan un nuevo criterio que no considera el IVA pagado a terceros por las compañías de seguros como acreditable para efectos de la liquidación de impuestos, hasta el Tribunal de Justicia Administrativa llegó una controversia que busca demostrar que las autoridades tributarias no debería aplicar estos cambios.

Resulta que el 16 de agosto de 2023, el Magistrado Carlos Chaurand Arzate enlistó en la sesión de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el juicio contencioso administrativo 100/21-ERF- 01-6/567/22-PL-04-04, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de acreditación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en contra de Seguros BBVAcon un sentido negativo a la asegurada.

Este caso, sin embargo, fue retirado a petición del Magistrado Presidente Guilllermo Valls ante la falta de acuerdo entre los magistrados.

Sin embargo, adicionalmente se llevan a cabo juicios administrativos en once empresas aseguradoras y la autoridad fiscal a fin de resolver las controversias derivadas del cambio de criterio. Le comento que no son pocos los fiscalistas y abogados que están involucrados en estos casos y consideran que las empresas estadounidenses y canadienses que participan en el mercado mexicano de seguros podría invocar las herramientas que ofrece el T-MEC para defenderse del cambio de reglas. Mientras tanto, el SAT considera que las aseguradoras han abusado de la posibilidad de acreditar el IVA, lo que ha generado muchos negocios al amparo de los impuestos que deberían beneficiar a la sociedad.

En agosto pasado, un análisis realizado por Colegio Nacional de Actuarios, a petición de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que presidente Juan Patricio Riveroll y que dirige Norma Alicia Rosas, concluyó que los nuevos criterios analizando una muestra de 111 compañías de seguros, provocaría que el 55% de esas entidades caerían en insolvencia en tanto que la prima que operan esas compañías es del 65%. El análisis actuarial analizó los escenarios en periodos de 5,7 y 8 años con impuestos.

Para generar este cambio de criterios, con el cual el SAT busca generar ingresos tributarios por más de 55 mil millones de pesos, la autoridad fiscal interpretó que la reparación o pago de los siniestros no está relacionada con el objeto principal de un contrato de seguro, que es la cobertura de riesgos.

Así, considera que la reparación y mitigación de los daños en un siniestro es una actividad separada de la cobertura de riesgos que, desde su punto de vista, finaliza con la creación de reservas, vinculándola a un mero proceso de pago de siniestros.

Reconoce, sin embargo, que la ocurrencia de siniestros es aleatoria; sin embargo, no considera el IVA acreditable en la liquidación de siniestros suponiendo que estén sujetos únicamente al azar.

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