La Alianza Global de Pensiones (WPA, por sus siglas en inglés), de la cual forma parte la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), publicó recientemente el documento titulado Respuestas regulatorias globales 2020 y desafíos de los fondos de pensiones de relacionados con la pandemia de COVID-19, en el cual destacan la importancia de que los formuladores de políticas comprendan el carácter social de los planes de pensiones, ya que éstos no deben concebirse como convencionales instrumentos financieros.

En la publicación, la WPA tiene como objetivo brindar una visión general de los desafíos que enfrentaron tanto los fondos de pensiones como los afiliados a los planes de pensiones durante el año 2020 y promover la adopción de políticas con una visión de largo plazo hacia la seguridad de la jubilación. Sin pasar por alto la difícil situación económica actual de muchos trabajadores en todo el mundo, la investigación subraya los efectos dañinos de políticas específicas como los retiros anticipados de los fondos de pensiones.

En el informe, los miembros de la WPA hacen las siguientes recomendaciones de política, las cuales se alinean con las recomendaciones que ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en esta materia:

Dado el papel a largo plazo y contracíclico de los planes de pensiones, es de suma importancia respaldar su adecuado financiamiento.

El ahorro previsional es de largo plazo, y no debe ser considerado como una alternativa para obtener recursos de corto plazo.

En las actuales circunstancias sin precedentes, una prioridad clave debe ser la capacidad de los fondos para cumplir con sus obligaciones. Eso apunta a la importancia de blindar la continuidad de la actividad operativa de los fondos de pensiones, así como asegurar un buen nivel de servicios a miembros y beneficiarios.

Dado que las empresas patrocinadoras de los planes de pensiones se encuentran sometidas a una presión financiera considerable, se apoya un enfoque más flexible en la recaudación de contribuciones, mediante su aplazamiento para una fecha posterior, o su disminución. Además, los responsables de la formulación de políticas deberían reflexionar sobre la posibilidad de subsidiar las contribuciones.

Los fondos de pensiones deben informar a sus afiliados y beneficiarios sobre la mayor exposición al riesgo de fraude y, al mismo tiempo, deben abordar la cuestión de mejorar su procedimiento de ciberseguridad y protección de datos.

Los planes de pensiones deben comunicar activamente a sus miembros las posibles consecuencias negativas de decisiones impulsadas a corto plazo, como el retiro anticipado de fondos y su capacidad futura de recibir pensiones adecuadas.