De acuerdo con la Política Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024 (PNIF), se puede inferir que la inclusión financiera en México está basada en cuatro pilares: acceso y uso de servicios financieros formales, y protección y educación financiera al consumidor.

Lo primero que debe ocurrir para que inicie el proceso de inclusión financiera es que la población tenga acceso a servicios financieros, visto desde el punto de vista de tenencia (que no necesariamente implica un “uso” regular). Si se consideran dos tipos de segmento de población, como son las personas con trabajo informal que no son pobres y las personas con un grado de pobreza o vulnerabilidad, se puede inferir que la necesidad financiera entre ambos grupos difiere. Tan es así, que parte de las estrategias de inclusión financiera del país consiste en que los beneficiarios de programas sociales reciban la dispersión de sus apoyos mediante transferencias bancarias (con ello se ha logrado que 7 millones de adultos tengan cuentas abiertas por el gobierno para recibir apoyos, de acuerdo con la PNIF).

En este sentido, si se toma como un proxy de la formalidad e informalidad al tipo de servicio médico al que se tiene derecho por parte del trabajo y un proxy de la población con algún grado de pobreza o vulnerabilidad a las personas que reciben apoyo económico o programa de gobierno, en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, se puede observar que:

De los adultos (18-70 años) en México en trabajos formales y que no son pobres, el 82% tiene una tarjeta de débito, el 37% tiene una tarjeta de crédito o departamental, el 23% tiene al menos un seguro contratado directamente, y 82% tienen una cuenta de ahorro para el retiro o Afore.

De los adultos en trabajos informales y que no son pobres, el 11% tiene una tarjeta de débito y el 21% tiene tarjeta de crédito o departamental, el 8% tiene al menos un seguro contratado directamente y 28% indicó tener una cuenta de ahorro para el retiro o Afore.

El 81% de los adultos con un grado de pobreza (independientemente el tipo de trabajo) tienen una tarjeta de débito y el 18% tienen una tarjeta de crédito o departamental, el 5% tiene al menos un seguro contratado directamente y 18% indicó tener una cuenta de ahorro para el retiro o Afore.

Si se considera que el producto básico para el resguardo del dinero, el ahorro y la reducción del uso de efectivo, puede ser una tarjeta de débito, sólo los adultos que tienen un trabajo formal y los que tienen un grado de pobreza presentaron mayor acceso a este servicio, respecto de los que tienen un trabajo informal que no son pobres (pese a que potencialmente estos últimos son susceptibles de demandar más este producto).

En lo que respecta al crédito y el seguro hace falta aumentar el acceso a la población en general, y en el caso del ahorro para el retiro o Afore, sólo los adultos con trabajo formal que no son pobres presentan un acceso relevante a este servicio.

Finalmente, hay que analizar con mayor profundidad cómo afecta el fenómeno de la informalidad al acceso de servicios financieros, y hacer hincapié en que no sólo es deseable tener acceso, sino también aprovechar (o “usar”) estos servicios para mejorar la salud financiera de la población en México a partir de incrementar la liquidez, la inversión (en activos, negocios o capacitación personal o de los hijos), la resiliencia y el control sobre las finanzas en el corto, mediano y largo plazo, entre otros aspectos.