México es un país que enfrenta el desafío del envejecimiento poblacional, un fenómeno que implica cambios en la estructura demo gráfica y en las necesidades de bienestar de las personas. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en México residen 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan el 12% de la población total. Se estima que para 2050, esta proporción aumentará al 25.5%.

Las personas mayores son una parte fundamental de la cultura mexicana. En muchas familias, los abuelos se encargan de cuidar, educar y transmitir valores a los más pequeños, especialmente en un contexto de crisis económica y social como el provocado por la pandemia de Covid-19. Además, contribuyen a la economía familiar, ya sea con sus pensiones, sus ahorros o su trabajo. Según el INEGI, el 234% de los hogares mexicanos tiene al menos un adulto mayor de 60 años o más, y el 11.8% de ellos son jefes de familia.

Uno de los aspectos que refleja el papel de las personas mayores en la economía de México es su actividad económica. En el primer trimestre de 2021, la tasa de actividad económica en los adultos mayores fue del 29%, lo que significa que casi tres de cada 10 personas de este grupo estaban ocupadas o buscando empleo. Esta tasa fue mayor en los hombres (45%) que en las mujeres (16%), y disminuyó conforme aumentó la edad, pasando del 39% para el grupo de 60 a 69 años al 8% para el de 80 años y más. El ingreso promedio mensual de las personas ocupadas de 60 años y más fue de 6,291 pesos, lo que representa el 83% del ingreso promedio nacional. El ingreso fue mayor para los hombres (7,386 pesos) que para las mujeres (4,590 pesos), y también varió según el sector económico, siendo más alto en el sector terciario (servicios) y más bajo en el sector primario (agricultura).

Algunos factores que influyen en la situación de las personas mayores son el género, el nivel educativo, la condición laboral, la afiliación a la seguridad social, el acceso a los servicios financieros, la pertenencia étnica y el lugar de residencia. Estos factores pueden generar desigualdades que limitan las oportunidades y los derechos de las personas mayores.

Uno de los aspectos más relevantes para garantizar una vejez digna es el acceso a una pensión que permita cubrir las necesidades básicas y mantener un nivel de vida adecuado. Sin embargo, en México solo el 40% de las personas mayores recibe una pensión contributiva, es decir, derivada de sus aportaciones al sistema de seguridad social. El resto depende de otras fuentes de ingreso, como el trabajo informal, el apoyo familiar o los programas sociales.

La reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley del SAR, publicada en diciembre de 2020, busca mejorar las condiciones de las pensiones en México, al reducir las semanas de cotización requeridas para acceder a una pensión mínima garantizada (de 1,250 a 750), aumentar la aportación patronal al ahorro para el retiro (de 5.15% a 13.875%) y establecer incentivos para retrasar la edad de jubilación (de 60 a 65 años).

Sin embargo, la reforma no resuelve todos los problemas que enfrentan las personas mayores en materia económica. Por ejemplo, persisten las brechas dé género y discriminación hacia las personas con un tono de piel oscuro, habitantes de zonas rurales o pueblos indígenas y personas con discapacidad. Estos grupos reciben un trato desigual al momento de solicitar información o acceder a productos financieros en las sucursales bancarias.

Para lograr una inclusión financiera sin discriminación, se requiere implementar pro tocolos de trato incluyente que garanticen el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para todas las personas mayores. Asimismo, se requiere fortalecer los programas sociales que brindan apoyos econó micos a las personas mayores que no cuentan con una pensión contributiva. Entre estos programas se encuentran Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (antes Programa 65 y Más), Pensión para Personas con Discapacidad Permanente y Pensión para Adultos Mayores Indígenas.

Finalmente, se requiere promover una cultura del envejecimiento activo y participativo, que reconozca el valor y la contribución de las personas mayores al desarrollo económico y social del País. Las personas mayores son agentes de cambio que pueden aportar su experiencia, conocimiento y sabiduría a la sociedad. Por ello, se deben generar espacios y mecanismos que favorezcan su empoderamiento, su autonomía y su integración.