En el laberinto de la Cuarta Transformación, un tema que merece una atención urgente y aún se encuentra entre los pendientes por revisar en algún cajón es la gestión de los vales de despensa electrónicos. Esta prestación, más que un simple beneficio laboral, es un pilar en la calidad de vida de los empleados gubernamentales, ofreciéndoles acceso a necesidades básicas y fortaleciendo su percepción de valoración por parte del Estado. Sin embargo, este sistema, que debería ser un modelo de eficiencia y modernidad, enfrenta una crisis que pone en jaque la estabilidad de sus beneficiarios.

Los problemas con los proveedores de estas tarjetas en las dependencias gubernamentales de México han desencadenado una serie de contratiempos. Retrasos en la recarga de los montos, imposibilidad de uso de los fondos asignados, o incluso la suspensión total del servicio, han sumido a los empleados en una vulnerabilidad financiera inaceptable.

Un caso emblemático es el de INTEC Medios de Pago, dirigida por Héctor Fabián Anaya. A pesar de su historial problemático, esta empresa obtuvo un contrato por al menos 20 millones de pesos con la Comisión Federal de Competencia Económica, bajo la gestión de Andrea Marván Saltiel, a finales de 2023.

Anteriormente, INTEC había sido sancionada por el gobierno de Zapopan por presuntamente defraudar a más de tres mil empleados del Hospital Civil de Guadalajara, con cargos no reconocidos y tarjetas bloqueadas, lo que derivó en una demanda colectiva de más de 30 millones de pesos.

Además, INTEC enfrenta acusaciones por presunto fraude por 50 millones de pesos debido a una supuesta clonación masiva de tarjetas y aún no cumple con los requisitos administrativos del SAT, dirigido por Antonio Martínez Dagnino, para operar como monedero autorizado.Estos hechos eran conocidos por la Coordinación General de Operación, a cargo de Leopoldo Rubio Fernández, y por Angélica Rosalía Méndez Valverde, responsable de la evaluación de la documentación legal administrativa y económica, pero fueron ignorados por el máximo organo regulador de competencia. Por eso se han generado muchas suspicacias alrededor de la empresa y los que autorizaron estos movimientos.

Ante este panorama, es imperatiVO que las autoridades asuman un rol más activo en la supervisión y seguimiento de estos procesos, garantizando la efectividad del servicio. Es momento de que el gobierno, que se proclama defensor de los derechos humanos, defensor del pueblo, actúe con determinación y responsabilidad en este asunto crítico. o al menos la Cofece, en un caso que puede resultar controversial al interior, tomando en cuenta que como órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, su mandato, arraigado en el artículo 28 de la Constitución Política, confiere a esta entidad la responsabilidad de supervisar, fomentar y asegurar la competencia y libre concurrencia en el país.