Representantes de la iniciativa privada mostraron su rechazo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca limitar el outsourcing a trabajos especializados.
De acuerdo con miembros de diversas industrias, la iniciativa del Ejecutivo federal deja muchas interpretaciones y afecta a trabajadores y empresas.
José Guillerno Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) calificó a la iniciativa de radical y advirtió que pone en riesgo la estabilidad financiera de empresas que cumplen sus obligaciones.
“Estamos de acuerdo en castigar a quienes no cumplen con sus obligaciones, pero debemos defender a las cadenas productivas”, dijo.
En el inicio del parlamento abierto para discutir la iniciativa, Zozaya propuso establecer mecanismos de control que eviten la evasión de quienes no cumplen para evitar la prohibición del outsourcing.
“Proponemos que se mantenga la subcontratación y se busquen soluciones adecuadas para todos los actores”, añadió.
Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), destacó que para que este sector pueda cumplir con sus actividades necesita de terceros, para lo que es necesaria la figura de la subcontratación.
“Pedimos que se revise cuidadosamente (la iniciativa) para no afectar actividades específicas de la actividad económica nacional y en particular a la población nacional”, apuntó.
La propuesta de la AMIS, dijo, es que se preserve la figura de subcontratación cuidando el respeto de los trabajadores, como se había concluido en el parlamento abierto de 2019.
Para el presidente ejecutivo de ConMéxico, Jaime Zabludovsky Kuper, la iniciativa del jefe del Ejecutivo muestra ambigüedad de los servicios de subcontratación, principalmente especializados.
“Debemos revisar el cumplimiento de las reglas fiscales en el caso de los contratistas. Al establecerse delitos por lo defraudado por delincuencia organizada, debemos tener cuidado y revisar esta propuesta”, advirtió el representante de 43 empresas que generan más de 500 mil empleos directos, que representan el 3.5 por ciento del PIB y generan hasta 80 servicios de subcontratación.
Los directivos propusieron además que la nueva legislación tenga un periodo de un año, hasta 2022, para su entrada en vigor.
Luis Pérez de Acha, catedrático de la Escuela Libre de Derecho, señaló que se debe especificar la eliminación de la subcontratación de personal y la prestación de servicios especializados así como la ejecución de obras especializadas, para que no queden al criterio de la Secretaría del Trabajo.
Añadió que tampoco queda claro lo que la iniciativa señala como sustitución patronal, además de lo que pasará con las relaciones laborales en esta figura hasta el 31 de diciembre.