En diciembre, el Senado de México aprobó con 103 votos a favor la primera iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), que convirtió en un solo proyecto las cinco propuestas existentes y que ahora espera el visto bueno de la Cámara de Diputados. El carácter general de un marco regulatorio indica que este debe aplicarse en todo el territorio nacional, por lo que cada entidad deberá adaptar sus reglamentos a él. Entrevistamos a Carlos Jiménez, titular de Autos y Daños en la AMIS, para que nos hablara sobre la relevancia de esta iniciativa y su relación con el sector asegurador.

Uno de los grandes problemas en materia de seguridad vial son los accidentes de tránsito y, como estos no han sido controlados desde hace mucho tiempo, la OMS declaró el periodo de 2021 a 2030 como el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial, cuyo objetivo es disminuir las lesiones o muertes ocasionadas por ellos. Para que funcione el plan, la institución internacional ha solicitado a los países que impulsen políticas públicas de movilidad y seguridad vial, basadas en los cinco pilares que ella ha establecido, los cuales abarcan acciones relacionadas con la gestión de la seguridad vial; la optimización de la infraestructura; la incorporación de estándares o tecnologías; la cultura de la prevención, y la respuesta tras los accidentes. Este último pilar exige contemplar mecanismos para financiar los daños que se ocasionen a las víctimas.

Carlos destaca que, en México, el 70% de los afectados por siniestros vehiculares no son responsables de ellos y no viajan en automóvil. En otras palabras, las víctimas suelen ser peatones, ciclistas y motociclistas. Además, muchas de ellas son personas de bajos recursos. Debido a ello, nuestra nación se ha adherido al plan de la OMS y ha trabajado en el desarrollo y la implementación de diversas acciones constructivas, entre las cuales destaca la iniciativa de LGMSV. El carácter general de este proyecto legislativo es muy importante porque, cuando el sector asegurador comenzó a promover la obligatoriedad del seguro de protección a víctimas de accidentes viales, se enfrentó no solo a una tarea titánica de concientización de la población, sino también a la completa libertad de cada entidad para establecer su propio reglamento de tránsito.

Uno de los grandes logros de la ciudadanía e instituciones que han impulsado el desarrollo de la LGMSV fue la modificación del artículo 73 de la Constitución, que faculta a los senadores y diputados federales para legislar en materia de seguridad vial. Este fue el paso decisivo que permitió llegar al punto actual, pues antes los Congresos estatales tenían ese poder. En cada entidad se ha vivido una realidad distinta, pero pronto la situación se homogeneizará; sin embargo, aunque la iniciativa representa un avance enorme, el sector asegurador lamenta que el proyecto presente una grave deficiencia en relación con el quinto pilar establecido por la OMS (reacción ante accidentes), pues al final los senadores decidieron no incluir un seguro obligatorio de protección a víctimas de accidentes vehiculares y eliminaron del proyecto los apartados correspondientes a esta protección.

La decisión preocupa al sector asegurador porque la ley quedará incompleta al no seguir todas las recomendaciones de la OMS y no considerar las necesidades de atención y protección de las víctimas. Carlos reconoce el avance del proyecto legislativo en cuanto a, por ejemplo, la promoción del alcoholímetro y el establecimiento de los límites de velocidad en cada estado; sin embargo, considera que han quedado fuera de la iniciativa muchos aspectos importantes para atender el problema de salud pública que representan los accidentes viales, el cual exige una visión integral que abarque el antes, el durante y el después de los siniestros. Él advierte que, aunque las medidas preventivas son muy positivas, una ley no acabará con los accidentes viales, por lo que, cuando estos se presenten, será evidente la carencia de dicha visión. Así pues, la LGMSV omitirá las mejores prácticas internacionales que, al ocurrir un siniestro, protegen a las víctimas.

Más allá de que la propuesta aprobada por los senadores represente una muy mala noticia en relación con el seguro obligatorio y una muy buena noticia en cuanto a las condiciones que ahora permiten una legislación de este tipo, el siguiente reto será implementarla de manera satisfactoria y realizar de forma inteligente las reformas necesarias. Durante este proceso, Carlos afirma que el sector asegurador seguirá esforzándose para impulsar tanto la cultura de la prevención como las estrategias más eficientes de reacción ante siniestros. Él piensa que debemos aprender a comunicar mejor las características del seguro obligatorio, ya que el desconocimiento y la desinformación son dos razones por las que esta protección no se consideró como una prioridad en el proyecto legislativo.