Debido a que la seguridad vial de la capital y de otros estados de la República Mexicana se ha visto vulnerada por la práctica delictiva conocida popularmente como “montachoques”, el diputado Sergio García Sosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), propuso tipificar este delito en el Código Penal del Estado de México y considerarlo como una agravante de simulación premeditada al ocasionar un hecho vial. 

Explicó que en los últimos meses, este delito, que principalmente se presentaba en la Ciudad de México, lejos de disminuir, se ha incrementado exponencialmente y actualmente es una conducta habitual en diferentes ciudades y estados de México, donde el Estado de México no se ha salvado de estas acciones y por lo menos en 38 municipios se tiene documentado este tipo de operaciones.

“En 2021 y lo que va de 2022, esta práctica del delito de extorsión ha aumentado y han actualizado sus métodos de operación, los grupos delictivos identifican a sus posibles víctimas consultando las placas en el Registro Público Vehicular (Repuve) para después compararlo con el registro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), esto con el objetivo de verificar si un automóvil tiene seguro vehicular o no y así escoger a su próxima víctima”, expuso.

García Sosa añadió que en caso de no contar con seguro, el conductor es más propenso a este fraude, ya que una vez identificada la posible víctima, la siguen hasta que uno de los sujetos, de manera dolosa realiza un corte a la circulación, cambio de carril o frenado, provocando un accidente vial.

Agregó que la víctima de este acto colisiona con la parte trasera del vehículo, momento en que un vehículo que acompaña a la unidad alcanzada se pone detrás de la víctima para no permitir que se mueva y de esta manera aprovechan para exigir dinero a los afectados para la reparación de los daños lo antes posible, sumas que van desde los 10 mil hasta los 35 mil pesos, bajo el argumento de ser ellos supuestamente los afectados del siniestro.

“En su mayoría, son personas que manipulan y usan a su favor de forma alevosa y ventajosa, los lineamientos del Reglamento de Tránsito y la Guía de deslinde de responsabilidad para las compañías de seguro. Asimismo, en los casos en los cuales la víctima no acepta o intenta llamar a su seguro, estos sujetos suelen recurrir a comportamientos amenazantes, agresivos e intimidatorios, y en algunas ocasiones, a las agresiones con lujo de violencia física”, refirió.

En este sentido, dijo, resulta necesario tipificar estas conductas dentro del marco normativo estatal con la finalidad de que sean castigadas, pues con la inexistente tipificación del delito, tiene como consecuencia la falta de denuncias por parte de la población.

Finalmente, mencionó que últimamente estas células han visto en las personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad sus principales víctimas, beneficiándose de las mismas, sin importarles sus condiciones, por lo que se deben sumar esfuerzos para legislar en la materia.