En un esfuerzo por exponer la verdad detrás del sufrimiento que han experimentado numerosos inversionistas, deseamos compartir con la opinión pública, prácticas cuestionables en torno a Alta Grupo y sus empresas asociadas: Automatización de Servicios Productivos, S. A. de C. V., Sofom, ENR, operadora de la telefonía pública "Fontaskilo" y de las tiendas de conveniencia "Mambo"; resaltando el impacto devastador que el engaño y el fraude han tenido en la vida de muchos inversionistas, gran porcentaje de ellos adultos mayores.
Por varios años, inversores confiados fueron atraídos por promesas de oportunidades lucrativas y crecimiento financiero por parte del ALTA Grupo y sus empresas afiliadas, hoy sabemos que dichas promesas eran ilusiones cuidadosamente construidas que desembocaron en la lamentable pérdida de sus ahorros de toda una vida y en la destrucción de las perspectivas de un futuro más tranquilo durante su vejez, comprometiendo incluso, la capacidad de respaldar a sus descendientes pues es crucial destacar que algunos de estos inversionistas ya fallecieron.
En el año 2015, se constituyó un Fideicomiso de Inversión de Capital Privado llamado 'Alta I Retail" con el objetivo de promover la inversión en territorio nacional, las empresas dejaron de pagar los rendimientos comprometidos y no retomaron los capitales invertidos, por lo que el 18 de junio de 2017, el Juzgado Séptimo de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México, a demanda de un inversionista, las declaró en concurso mercantil, habiéndole asignado el expediente 45/2017-111. BANCA MIFEL, responsable de la operación del fideicomiso, nunca ha dado la cara y mucho menos enfrentado el problema.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se vieron involucrados en el proceso de supervisión y revisión de estas empresas destacando algunas revelaciones clave La CNBV realizó visitas de inspección en 205 y 2016, ante la presunción de captación irregular de recursos, poniendo en evidencia sus operaciones cuestionables.
Determinó anomalías, desvíos de recursos, transferencias de recursos entre empresas relacionadas y otros y, sin embargo, a pesar de la evidencia, ha negado su participación y sus investigaciones.
La Condusef recibió quejas de inversionistas y acreedores durante los años 205.2016 y 2017, pero no actuó argumentando que las Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) no estaban bajo su competencia.
El IFT confirmó que ASP y su empresa relacionada Telecom estaban involucradas en la comercialización de telefonía pública y que los derechos y obligaciones de su permiso habían sido transferidos sin conocimiento de los inversionistas.
El luzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México resolvió una demanda paralela al Concurso Mercantil, revelando la reasignación de derechos y obligaciones del permiso de telefonía pública de ASP a Telecom, razón por la que no se apersonó al concurso mercantil ya que esta última no fue llamada a dicho proceso.
La juez del concurso ha declarado la terminación del mismo a solicitud del síndico (especialista -conciliador y posteriormente síndico-) designado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM), pues argumenta no existen bienes (activos que enajenar) entre la masa acreedora.
Sin embargo, el especialista ha sido señalado por sus actuaciones Inadecuadas y falta de supervisión en el proceso concursal, siendo sancionado incluso, con un mes de suspensión durante este concurso y actuando hasta la terminación del mismo con total impunidad.
Los acreedores han apelado esta resolución en el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica. Radiodifusión y Telecomunicaciones en la Ciudad de México con el número de expediente 813/2023" en adelante.