Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se enfrentan por los fideicomisos, aunque la lucha es de dos contra uno.

Mientras el Presidente, desde Palacio Nacional, inició una guerra en contra de jueces, magistrados y ministros, y contra los fideicomisos que, afirma, usan para pagar sus lujos, el Legislativo aprobó este miércoles la extinción de 13 de los 14fondos con los que cuenta el Poder Judicial.

Los trabajadores de este último, ante el embate de los otros dos, decidieron realizar un paro nacional de labores.

Desde su tribuna, López Obrador criticó las protestas por parte de los trabajadores judiciales, quienes señalan una afectación directa a sus derechos laborales, pero argumento que no le preocupa si hacen huelga, pues al menos así no saldrán delincuentes del "crimen organizado" y de "cuello blanco".

Además, se mostró preocupado de que los legisladores del PAN presenten un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN para anularla cancelación de los fideicomisos, lo que el Poder Judicial sería "juez y parte" en el caso.

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La guerra la inició desde su llegada al poder, pero la escaló el 2 de enero de este año, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligieron a Norma Lucía Piña como su presidenta. Cada ataque intensificaba la situación, pero fue hasta este miércoles que se sintió los efectos: el Poder Judicial llamó a paro nacional.

El último golpe lo asestaron los diputados, integrando así al Poder Legislativo en la batalla de dos contra uno. La Cámara baja aprobó la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial —que a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, costeaban lujos de jueces, magistrados y ministros—, y el dictamen fue turnado al Senado de la República, quien dio entrada y envió a comisiones, pero no a todas, pues Morena y aliados evitaron que sea discuido en la Comisión de Justicia.

El denate llevó a trabajdores del Poder Judicial en todo el país a manifestarse en contra de la eliminación de fideicomisos que, afirman, afecta a los 55 mil 800 trabajadores, entre ellos los derechos de jubilados y pensionados; los afectados dijeron que realizarán un paro nacional de seis días, hasta el 24 de octubre, cuando inicia el parlamento abierto para discutir el Presupuesto 2024.

“La extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras”, señalaron la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Asimismo, aclararon que los fideicomisos por más de 15 mil millones no están creados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro, y que ninguno está destinado para uso para fines distintos a los establecidos en su creación.

Un “pecado social”
El presidente López Obrador calificó de “pecado social” la defensa de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación en medio de protestas que se han registrado a lo largo del país por parte de los trabajadores judiciales, quienes señalan una afectación directa a sus derechos laborales.

En la conferencia de este martes, el mandatario consideró que sus manifestaciones resultan injustas, ya que defienden los “privilegios” de los servidores públicos de alto nivel y cuestionó a quienes justifica mantenerlos con sus numerosas atenciones y beneficios.

“Es lamentable que estas cosas se estén expresando o manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto es defensor de privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defensor a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios?”, enfatizó.

En este sentido, argumentó que no le preocupa si hacen huelga los servidores públicos adscritos al Poder Judicial y paran sus labores, pues al menos así no saldrán delincuentes del «crimen organizado» y de «cuello blanco».

Orden constitucional

El presidente López Obrador se mostró preocupado debido a que advierte que legisladores del Partido Acción Nacional presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular la cancelación de los fideicomisos, lo cual implica que el Poder Judicial sería “juez y parte” al decidir sobre los privilegios que intentan preservar.

Hizo una llamada a los abogados constitucionalistas del país, especialmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que analicen, y se pronuncien cuando sea el momento, sobre la constitucionalidad de la resolución de un caso así; también pidió analizar “si no se va a romper el orden constitucional con lo que van a hacer».

Los 13 fideicomisos anulados por el Legislativo representan una suma significativa de 15 mil millones de pesos. López Obrador propuso que estos fondos podrían destinarse a otorgar becas por un año a 2 millones de niños en situación de pobreza que cursan educación básica. Alternativamente, sugerirá distribuir equitativamente 400 millones de pesos a cada una de las 32 entidades del país para proyectos de obras públicas.

El Presidente también destacó la brecha salarial existente en el Poder Judicial, señalando que un ministro de la Corte gana 43 veces más que el salario promedio de un trabajador inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con un salario de 700 mil pesos mensuales en comparación. con el promedio de 16 mil pesos al mes.

Por este motivo, propuso exponer el tamaño del patrimonio que tienen los altos funcionarios del Poder Judicial, “dónde viven (y) qué tienen (como propiedades), porque ni siquiera con esos sueldos logran tener las mansiones que tienen algunos”.