Mañana, lector, recibirá un oficio de su jefe que le ordena presentarse a trabajar en Reynosa, una de las ciudades más violentas del mundo. Llevará a su familia. Sus hijos serán detenidos en el trayecto al colegio por un hombre que les mostrará un arma que lleva fajada. Su esposa o esposo recibirá llamadas intimidantes. Y es que usted es un juzgador de casos penales del Poder Judicial federal.

Piensa, “pues digo que no”. Pero resulta que usted lo hace porque ése es su compromiso consigo mismo y así eligió servir a México.

Quizá sufra un atentado o desconocidos retengan por horas a sus familiares para que acepte torcer la justicia y liberar a un delincuente o quizás expongan su nombre y foto en las conferencias mañaneras porque liberó a un posible delincuente, ya que los militares no echaron a perder el caso mintiendo o un fiscal no acreditó la probable culpabilidad.

Usted lleva en la mente que quizás en algún momento alguien se atreva a dispararle, asesinarlo, aunque vaya en compañía de su esposa, esposo e hijos. Pero no desiste.

Esto es lo que son y hacen cientos de juzgadores todos los días para que usted y yo tengamos quien nos defienda de un abuso de autoridad o cuide nuestros derechos humanos.

Ejemplo, una jueza ordenó en una ocasión abrir un cuartel militar para que una madre buscara a su hijo desaparecido por un grupo de soldados. ¿Se imagina el grado de presión y el de poner su vida en peligro por el derecho de esa mujer?

Después de una vida dedicada a eso, ahora Morena quiere que, al final de sus carreras, a esos juzgadores les den una patada en la espalda y no tengan derecho a pensionarse.

En esencia, la animadversión del Ejecutivo al Poder Judicial radica en que los actos inconstitucionales de su gobierno han sido detenidos por violar la Constitución.

Quiere que los mexicanos no tengan medios de defensa ante sus actos, violando el derecho humano y convencional a una justicia oportuna, porque la desaparición de fideicomisos afectaría derechos laborales —que impide la Constitución— y debilitaría a otro poder del Estado. Es una violación a la independencia judicial.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo, por medio de su mayoría de Morena y aliados, confabulan violar la Constitución para asfixiar a otro y disminuirlo en su independencia, es decir, al Poder Judicial.

El argumento engañoso de una austeridad en beneficio de los pobres es vendible, sin duda, pero al final del sexenio poco ha materializado.

Se dice que no violarán derechos laborales por la desaparición de fideicomisos. El artículo 127 constitucional contradice: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstos se encuentren asignados por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Las Pensiones Complementarias están en las condiciones generales de trabajo desde hace más de 15 años y están previstas en la Ley Orgánica del PJF. Son complementarias a las del ISSSTE, por lo que no son aplicables a los ministros, quienes no tienen participación en la seguridad social. Artículo 94 constitucional.

El mantenimiento para casas de juzgadores. Cuando un juzgador llegaba a un estado, como el ejemplo mencionado, abogados de la delincuencia organizada les ofrecían habitación para ellos y sus familias, sin que éste lo supiera. Para evitarlo, desde hace 30 años se creó un fideicomiso para dotarlos de casas seguras, propiedad del PJF. Ése es el mantenimiento de casas, que no son de lujo.

Los bonos a juzgadores (penales o de amparo) son por su actividad de alto riesgo ante la delincuencia organizada, y por ello se les dota, temporalmente, de vehículos blindados. No hay privilegio