El grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN) urgió al Consejo de Salubridad General (CSG) a cubrir los costos de atención por Covid-19, ya que 35 millones de mexicanos no reciben atención en el sector público y están haciendo gastos extraordinarios de sus propios bolsillos en tratamientos y medicinas.

A través de un punto de acuerdo, los legisladores panistas encabezados por los representantes de Guanajuato solicitaron incluir la enfermedad que provoca el virus SARS-CoV-2 y sus secuelas en el catálogo de enfermedades que provocan gastos catastróficos y que reciban financiamiento público, "para evitar que más mexicanos caigan en pobreza durante la pandemia".

Consideraron que ningún mexicano debió padecer la falta de acceso a servicios médicos, ya que existe el Fondo de Salud para el Bienestar, antes Fondo de Protección a Gastos Catastróficos, que garantiza la cobertura financiera de enfermedades altamente costosas a la población sin seguridad social.

Agregaron que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha calculado que el costo promedio por atención hospitalaria derivada de complicaciones por el Covid-19 es de 487 mil 735, no obstante, 74% de los casos superan el costo promedio.

"A todas luces, una catástrofe humanitaria que dejará generaciones perdidas y ruina financiera para millones que carecieron del mínimo apoyo", detalló el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN).

PRD pide al presidente "que se sosiegue"

Ante el número de contagios por la tercera ola de Covid-19 -que ya superó el pico alcanzado durante la segunda ola (enero 2021) - y con el predominio de la variante Delta "que ha sido más agresiva con niñas, niños y adolescentes", el Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que el regreso presencial a las aulas es un acto criminal.

"Nadie en México está facultado para jugar con la vida de los niños y adolescentes, por lo que la insistencia de tener clases presenciales es criminal", acusó la secretaria General del sol azteca, Adriana Díaz.

Ante ello, hizo un llamado al Presidente de la República para que se "sosiegue y se concentre en combatir la pandemia hasta que se tengan en cada entidad y municipio tres semanas consecutivas en semáforo verde para llamar a las clases presenciales".

Señaló que por principio ético, el Gobierno debe proteger la vida de toda la población, y se convierte en obligación cuando se trata de los niños, niñas y adolescentes; de ahí que "el decálogo de las clases presenciales deberá ser aplicado cuando en cada entidad y municipio se hayan superado tres semanas consecutivas de semáforo verde", expresó.