La iniciativa de reforma al sistema de retiro acordada por la representación formal del sector empresarial y el Gobierno de México traería, de ser aprobada, beneficios a millones de trabajadores. Sin embargo, hay que proyectar el impacto probable en su justa medida, que es limitada en términos relativos.

Esta reforma beneficiaría a cerca de 20 millones de personas que están en el segmento laboral formal. El problema es que éste representa apenas una cuarta parte de la Población Económicamente Activa. Más aún, el problema de fondo de la seguridad social en nuestro país persistirá mientras no haya cambios de fondo: una reforma integral a la seguridad social.

En cuanto a los elementos positivos específicos para los trabajadores, es destacable la reducción del número de semanas de cotización necesario para acceder a la pensión mínima garantizada: de mil 250 a 750 (luego de 10 años se elevaría gradualmente a mil).

Más importante aún, se aumenta el monto de aportación al retiro en 40%, de 6.5 a 15 por ciento del salario: de esa manera, se avanza en el grave problema de que los asalariados, de no corregirse el régimen presente, tendrán pensiones muy reducidas. Con este ajuste se estima que la tasa de reemplazo promedio pasaría de 31 a 54 por ciento del salario.

Un punto fundamental es que la cuota del trabajador queda igual y lo mismo la del gobierno. El importe adicional lo cubrirían los patrones: del 5.15 al 13.87 por ciento del salario. Atinadamente, se plantea que el nuevo régimen arranque hasta 2023, ante el actual contexto de recesión económica, con incremento paulatino.

Por otra parte, se espera que se flexibilizará la gestión de portafolios de inversión de las Afores, abriendo candados en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, por ejemplo, para reducir los límites a posiciones en activos extranjeros o de largo plazo.

Lo anterior se suma a los cambios del año pasado para distribuir los recursos acumulados por el ahorro de los trabajadores según criterios generacionales: instrumentos financieros de mayor plazo para trabajadores jóvenes, con mejores tasas de retorno, pero mayor riesgo; e inversiones sin riesgo, pero obviamente de menor rendimiento, para quienes se acercan a la jubilación.

Todo esto significa mejores opciones para el crecimiento del ahorro de buena parte de los cuentahabientes, y aún mayor ahorro interno y capital para potencialmente financiar infraestructura e inversión productiva en México.

Más allá de lo económico, quizá lo más resaltable es que el acuerdo entre la iniciativa privada y el gobierno es muestra del potencial y posibilidad de la vía del acuerdo en el enrarecido contexto político vigente. De lo que puede lograrse cuando se evitan actitudes polarizadoras o la imposición de una sola visión. Aquí hay una conciliación que respalda el carácter tripartito de las relaciones laborales en el país, al tiempo que el sector empresarial confirma, una vez más, su compromiso con ese enfoque y el camino del consenso.

Como en otras áreas de la economía y la política en el México de hoy, ya es un logro simplemente evitar un retroceso o desactivar medidas catastróficas: por ejemplo, de los llamados a eliminar el régimen de cuentas individuales, crear una Afore única controlada por el gobierno u obligar a que se invierta en ciertos proyectos, como la refinería de Dos Bocas, según sugerencias y ocurrencias de legisladores o políticos.

Ojalá que con este tipo de iniciativas se reduzcan las tensiones y se apueste por las sinergias. Esto es fundamental, porque los desafíos que enfrentamos son enormes, incluyendo las distorsiones que causa un mercado laboral dual formal/informal, algo que no cambia con una reforma como ésta.

De hecho, en ello radica la principal reserva a esta iniciativa. Dentro de un marco de alta informalidad laboral, esta reforma, como cualquier otra que encarezca el costo de contratación integrado, podría hacer que más empresas recurran a esquemas de subcontratación o a la informalidad, sobre todo entre las micro y pequeñas, que son 99% de los negocios en México.

Según el Centro de Estudios para el Empleo Formal, las nuevas cuotas patronales podrían encarecer la contratación 9 por ciento. Estiman que un empleador paga 35% adicional al sueldo de un trabajador formal y ahora sería un 44 por ciento.

Por otro lado, debe tomarse en cuenta que 750 semanas para una pensión mínima garantizada significa jubilaciones con 14 años trabajados. Esto puede suponer costos muy importantes para el Estado. Las realidades demográficas en cuanto a la PEA y esperanza de vida exigen cálculos actuariales responsables.

No decimos que no haya que corregir la insuficiencia del ahorro para el retiro, ni que no se deba impulsar un aumento real en los salarios. No obstante, si no se abordan las causas de fondo, el alcance de las soluciones provisionales será limitado y difícilmente evitaremos problemas colaterales. De entrada, se puede desalentar a las contrataciones nuevas y alimentar aún más la informalidad.

En síntesis, sigue pendiente una reforma hacendaría integral pro crecimiento ligada a un nuevo sistema de seguridad social que tienda a la universalidad. Es la vía para impulsar la formalización económica y más y mejores empleos. Más inversión y desarrollo de las empresas, al tiempo que se dota al Estado de los recursos que requiere y a la sociedad de derechos sociales que vayan más allá de los buenos deseos: efectivos y financieramente sustentables.