La reconstrucción de Acapulco y el rescate de las comunidades aledañas no será posible sin el involucramiento de los particulares y de la iniciativa privada, un sector que deberá llevar a niveles récord sus cada vez más sofisticados programas de Responsabilidad Social Corporativa y regresar a los tiempos de las actividades puramente filantrópicas y de beneficencia.

De acuerdo con las más recientes estadísticas del Centro Mexicano para la Filantropía, un aproximado al monto total anual de donaciones para actividades altruistas en el país son 100 mil millones de pesos, apenas la tercera parte de la cifra en la que se han calculado los daños ocasionados por el huracán Otis, la cual es de 15 mil millones de dólares o bien de unos 280 mil millones de pesos al tipo de cambio actual.

Las casi 400 fundaciones privadas y 10 mil donatarios autorizados deberán concentrarse en los esfuerzos de reconstrucción y de atención a la población guerrerense, incluso una parte de los recursos que destinan a programas parciales y temporales en otras zonas del país, además de autorizar y buscar nuevas fuentes de financiamiento para estas labores de apoyo.

Si bien no es responsabilidad directa de los empresarios y de los particulares levantar a un puerto de Acapulco destruido, las consecuencias de no hacerlo sí pueden afectar directamente su mercado, su rentabilidad y su tranquilidad, pues las problemáticas que ya azotaban a la llamada Tierra Caliente en la zona de Guerrero y al mismo Acapulco podrían diseminarse hacia otras regiones. En otras palabras, no se puede abandonar a una población que estaba ya bajo la amenaza del control del crimen organizado.

Más allá del partido o los personajes que detentan el poder político, el nivel de la catástrofe tiene el potencial de rebasar cualquier actuación del Estado, por lo que la sociedad civil y los empresarios se encuentran obligados a participar activamente en las labores de asistencia, reconstrucción y, sobre todo, de reactivación económica. En la Cámara de Diputados se analiza la posibilidad de crear un fondo para estos trabajos por 100 mil millones de pesos, aunque no saldrían del Presupuesto de Egresos 2024. Acaso, de los fideicomisos del Poder Judicial y otros. Como sea, se requieren muchos más recursos.

Hasta el momento, la respuesta parece ser la adecuada, por lo menos para la primera etapa de atención a la emergencia, en la que se busca dar cobertura a las necesidades básicas. Empresas como CIE, Walmart y Lala han enviado alimentos a los damnificados; Telmex, AT&T, Total Play e Izzi buscan facilitar las comunicaciones a distancia en la zona,- Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús realizan vuelos gratuitos, mientras bancos como Citibanamex, BBVA y Banorte duplican los donativos en efectivo que realiza la población.

También destaca el programa extraordinario anunciado por la Secretaría de Hacienda para autorizar la deducción inmediata y hasta del 100% de las inversiones destinadas a la reconstrucción o rehabilitación de la zona, una concesión que no fue contemplada por el gobierno de la 4T ni en el momento más crítico de la pandemia por Covid-19. Las medidas tienen vigencia hasta el primer trimestre del próximo año, pero seguramente se requerirá extender el programa mucho más allá.

Es una prioridad para la sociedad mexicana levantar a Acapulco y asegurar que se retomen, tan pronto como sea posible, eventos como el Abierto Mexicano de Tenis, programado para febrero de 2024 y, hasta el momento, aún no cancelado. La Arena GNP Seguros, sede del evento, tiene daños considerables, pero se requieren los más de mil millones de pesos que cada año dejaba como derrama económica, principalmente de los empresarios que acudían al evento y que en aquel centro turístico tenían su casa de descanso. Muy probablemente esas propiedades están hoy destruidas, por lo que toca también participar en la movilidad económica y en la reconstrucción.