El pasado miércoles 20 de enero iniciaron reuniones en las que el sector empresarial y diversas organizaciones de trabajadores evalúan el tema de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU). Durante la segunda sesión, la industria aseguradora y la financiera se unieron para presentar tres propuestas acerca del tema.

En primer lugar, pidieron que este reparto de utilidades deje de ser un mandato de ley y se convierta en una política de mejores prácticas empresariales. En segundo, que haya un tope para su distribución -que puede ser hasta de 30 días-, y tercero, que se cambie por el establecimiento de bonos de productividad.

Al respecto, Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), solicitó que se trabaje en crear un esquema para lograr que el PTU incentive la productividad de los empleados y a su vez, permita el desarrollo de las empresas por medio de la reinversión de sus utilidades. 

Asimismo, la representante de la AMIS compartió que el sector asegurador pagó por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 19,320 millones de pesos; y por concepto de IVA, un total de 29,300 millones de pesos durante 2019.

Por su parte, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), hizo hincapié en que hacer obligatoria la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa en la que colaboran, solo agrega carga fiscal, laboral y social a la misma.