En el próximo periodo ordinario de sesiones, los diputados y diputadas deberán revisar con lupa el costo que implicará el alza de la pensión mínima garantizada propuesta en la iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo, así como el presupuesto de programas sociales relacionados a la entrega de una pensión y el monto que se destinará al pago de pensiones y jubilaciones del sector público, indicaron expertos.

“No se han presentado números, pero claro que habrá un costo fiscal importante porque son muchas pensiones que antes no se iban a dar. La gente que no registraba las 1,250 semanas, ahora tendrá derecho a la pensión mínima, entonces aumenta el número de pensionados y los recursos que asumirá el Estado”, expuso Alejandro Turner, vicepresidente del Colegio Nacional de Actuarios.

En la presentación de la iniciativa, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera comentó que al reducir las semanas de cotización de 1,250 a 750, el acceso a la pensión mínima garantizada aumentaría la cobertura de 34 a 82% de los trabajadores y la pensión pasaría de 3,289 pesos a 4,345 pesos.

Con ello, se calcula que, en vez de que se pensionen 10,000 o 20,000 trabajadores en 2021, podrían ser entre 60,000 y 80,000 trabajadores, expuso en su momento el actuario Jorge López Pérez.

Turner comentó que las semanas se redujeron a 750 para evitar una crisis social el próximo año, pero ante el crecimiento de la población de adultos mayores la idea es que las semanas de cotización aumenten de manera gradual hasta sumar 1,000 semanas.

“Esto implicará que el gobierno tenga que aumentar los recursos que destina a las aportaciones de las personas que se pensionen por afore, lo que se está haciendo es una redistribución de las aportaciones del gobierno a los trabajadores de menores ingresos”.

Datos del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) estiman que, entre el pago de pensiones y jubilaciones del sector público y las no contributivas (programas sociales) se destinarán del erario 1 billón 103,758 millones de pesos, monto que supera la recaudación aprobada del Impuesto al Valor Agregado por 1 billón 7,546 millones de pesos.

Más carga para el gobierno

El proyecto de reforma que se anunció el pasado 22 de julio, indica que las aportaciones se elevarían de 6.5 a 15% en un periodo gradual de ocho años y el aumento dependerá del ingreso del trabajador.

Si una persona percibe un salario mínimo (3,696.6 pesos mensuales), el gobierno aumentará su aportación de 0.225% a una cuota social de 8.724% y para los que perciban hasta cuatro UMA (10,425.6 pesos mensuales) aportará 1.798 por ciento.

Si el trabajador percibe un salario mínimo, el patrón aportará 5.151% (aportación actual) y si el ingreso es de 25 UMA (alrededor de 65,000 pesos mensuales), la empresa aportaría 13.875% al ahorro para el retiro.

Para Berenice Ramírez, socióloga y experta en seguridad social de la Universidad Nacional Autónoma de México, el aumento de las aportaciones representará un peso significativo para el gobierno, pues alrededor de 74% de la población ocupada percibe entre uno y tres salarios mínimos (entre 3,696.6 y 11,089.8 pesos mensuales).

“Esperamos que los legisladores estudien la propuesta a fondo y que no solamente levanten la mano. Se debe hacer una discusión profunda en donde destaquen el costo de la cuota social, lo que aportará la empresa, si ello impactará en los salarios y cuáles podrían ser las bases para una reforma sólida”.

Recordó que, actualmente una persona que percibe ingresos entre 18,000 o 20,000 pesos, con la afore no se le garantiza tener una buena pensión, pues tendría alrededor de 3,000 pesos, “son aspectos que deben analizar y atender los legisladores porque no impacta mucho si la aportación crece 1% cada año”.

Turner coincidió en que el aumento de la aportación realmente no proviene 100% del patrón, sino que existirá un aumento significativo de la cuota social que otorgará el gobierno, la cual sí beneficiará a quienes perciben menos ingresos. “Veo bien que la tasa de reemplazo crezca para quienes perciben menos y a los que ganan más se ajusta la aportación que perciben del gobierno”.

Los especialistas concluyeron que, si se aprueba la propuesta tal como la presentó el Ejecutivo, el mayor reto seguirá siendo la subcontratación laboral, es decir, aquellas empresas que registran a sus trabajadores con el salario mínimo ante el IMSS, aunque reciban un mayor ingreso.

“Hay mucha gente que hoy cotiza con salarios bajos, cuando en realidad ganas más. El problema es que su pensión se calcula con base en lo que se declaró oficialmente, eso es a lo que se enfrentará esta nueva reforma (...) veo bien el aumento de las aportaciones, pero creo que el trabajador también debe aportar más”, remarcó Turner.

** ¿Qué se ha dicho del proyecto que presentó el Ejecutivo?

El proyecto de reforma en pensiones que presentó el pasado 22 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con representantes del Consejo Coordinador Empresarial y sindicatos ha generado diversas reacciones, pues si bien el objetivo es aumentar la pensión de millones de trabajadores, no incluye a las personas que trabajan en el sector de la informalidad.

Por un lado, la agencia Fitch Ratings consideró positivo el aumento de las aportaciones de 6.5 a 15 por ciento. Sin embargo, aclaró que el beneficio no será uniforme, es decir, “las generaciones más jóvenes y futuras serán las más beneficiadas ya que tendrán más tiempo de contribución a niveles mayores, mientras que los beneficiarios más cercanos al retiro cuando sea implementada (la reforma) no podrán obtener todo este beneficio”.

Indicó que, para ampliar los rendimientos que otorgan las afores, también sería conveniente ampliar las inversiones que se hacen en el exterior, lo cual implicaría cambiar el régimen de inversión de las afores. La calificadora apuntó que no anticipa ningún impacto en las calificaciones de Calidad de Administración de las Siefores en el corto plazo si la propuesta es aprobada dada su implementación gradual.

En tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, calificó la reforma como una señal de confianza para la economía. “Es tal vez, el anuncio más importante que se ha presentado en lo que va de este sexenio (...) es buena señal, seguramente detonará una corriente de confianza importante para que el país pueda multiplicar su inversión y con esto tener crecimiento, desarrollo y bienestar”.

Por otro lado, luego de que se anunció la propuesta de reforma, algunos especialistas consideraron que el aumento de las aportaciones patronales podría implicar que se aumente la informalidad o se precaricen los salarios de los trabajadores, especialmente de los más jóvenes.

“Va a ser más costoso tener un trabajador formal porque se aumenta lo que originalmente se paga en las contribuciones a la seguridad social y ello puede orillar al empleador a no contratar formalmente o recurrir a otro tipo de prácticas para no pagar más”, dijo en su momento Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Ante estas dudas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, afirmó que el aumento en las aportaciones patronales no afectará mayoritariamente a las pequeñas empresas, “pues la mayor parte de los apoyos del gobierno se concentrarán en aquellos trabajadores que ganan hasta cuatro UMAs (Unidad de Medida y Actualización)”.

Otro aspecto que generó inconformidad sobre la reforma presentada por el Ejecutivo es que deja fuera a 57.3 millones de personas que trabajan en la informalidad y que por tanto no cotizan a la seguridad social que incluye ahorro para el retiro, para la vivienda y servicios de salud pública.

Para Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda, la reforma en pensiones que presentó el gobierno ayudará a evitar una crisis social como la que enfrentó Chile, ante el descontento social por las bajas pensiones que recibirían los trabajadores de las Administradora de Fondos de Pensiones.

Consideró que esta reforma se ajusta más a la realidad laboral del país, pues la reforma de 1997 se diseñó bajo la premisa de que el trabajador se mantendría en la formalidad por más de 20 años. Prevé que la reforma no sólo ayudará a que más personas tengan acceso a una pensión, sino que en los próximos 15 o 20 años, el ahorro pensionario podría representar hasta 40% del Producto Interno Bruto.