¿Quién duda que una de las enseñanzas más importantes que nos ha dejado la pandemia es que debemos prepararnos para enfrentar escenarios cada vez más complejos y amenazantes para la vida de millones de mexicanos? De ahí que es de suma importancia que nuestras autoridades sanitarias empiecen ya a tomar medidas para hacerle frente a la Covid-19 más allá de lo inmediato, sino al Covid19 que se quedará para el largo plazo.

Aunque haya cada vez menos casos y la pandemia se vaya controlando, la enfermedad por el virus SARS-Cov2 llegó para quedarse y sus secuelas son parte del padecimiento que deberá atenderse no sabemos por cuánto tiempo. El camino para atenderlo estaba claro desde el principio y hubiera sido mucho más fácil si se le hubiera hecho caso a la ley que marcaba la responsabilidad del Consejo de Salubridad General para afrontar esta pandemia, pero hoy es momento de retomar ese camino.

Los legisladores, específicamente los del PAN y particularmente el diputado Éctor Ramírez Barba -quien por mucho es el de mayor experiencia en salud pública y presupuesto en la actual Legislatura- ya presentaron una iniciativa al respecto. Plantean que en la Ley General de Salud se incluya la atención a la enfermedad por Covid-19 y sus secuelas en la lista de gastos catastróficos financiados por el Fondo de Salud para el Bienestar. Es algo que tiene mucho sentido.

Para quien dude que la atención de secuelas de Covi19 es un gasto catastrófico, sólo considere que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha calculado que el costo promedio por atención hospitalaria derivada de complicaciones por Covid-19 es de 487,735 pesos, pero 74% de los casos superan el costo promedio. Esto es en sector privado; habría que calcular el costo para el sector público, pero pues justo es de los datos con los que no se cuenta y hay que generarlos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 no se consideró algún recurso específico para el Covid19, pero es algo obvio que hacia adelante no debe ignorarse más, porque si no hay planeación nos saldrá más caro abordarlo en forma desordenada y en la inmediatez como hasta ahora ha sucedido.

Ya lo dijo en su informe el Coneval, al señalar que, de las carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020 es un aumento de 12% en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%. Es parte de las razones por las que el gasto de bolsillo -que en muchos casos es catastrófico y por lo mismo empobrecedor- se elevó 40% en el mismo periodo, conforme reportó el INEGI.

La iniciativa mencionada, que ojalá sí camine y llegue al pleno del Legislativo, plantea que deben armarse los mecanismos financieros de aseguramiento o cobertura a las familias que tendrán que hacer frente a gastos para atender los casos de Covid-19 y a la población con secuelas.

El camino planteado es retomar el Fondo de Salud para el Bienestar -cuyos recursos multimillonarios, por cierto, están pendientes de ser transparentados- e incluir al Covid19 y sus secuelas dentro de los padecimientos cubiertos.

Aparte, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales deben mantener la vigilancia epidemiológica de prevención y control de Covid-19 de manera ordenada y coordinada. Ello implica hacer obligatoria -aun cuando ya no estemos en emergencia sanitaria- la notificación a la Secretaría de Salud de los casos de Covid-19, en los términos que marca la Ley General de Salud, igual que se establece para otro tipo de enfermedades como sarampión e influenza.

Las autoridades de Salud deben estar considerando ya la etapa postpandemia y la verdad es que el secretario Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gatell deberían ser los primeros en apoyar dicha iniciativa porque en principio les está dando un camino para poder contar con los recursos presupuestales para atender el postCovid en los próximos años.