La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica del gobierno estadounidense (NOAA, por sigla en inglés) registró que Otis alcanzó una presión central de 923 milibares. Y de acuerdo a los términos del bono catastrófico suscrito por el gobierno mexicano en el marco de la Alianza del Pacífico entra dentro del parámetro de activación para los huracanes de la zona.

La colocación del bono ocurrió a través de Agroasemex, la empresa paraestatal que desde mediados de esta administración federal ha concentrado sus esfuerzos en la protección del patrimonio nacional, además de las coberturas para los productores del campo mexicano.

De los 435 millones de dólares correspondientes a la suma asegurada, sólo 125 millones cubrirían huracanes como Otis, por lo que presuntamente se activará el pago del citado bono. Uno de los primeros reportes remitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a Palacio Nacional calculaban que el pago iría en un rango de 50 a 100% de ese monto.

El Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación contempla 17,000 millones de pesos para el Fondo de Desastres Naturales. El Ejecutivo federal ha propuesto que otros 15,000 millones de pesos, provenientes de la extinción de 15 fideicomisos del Poder Judicial, sean canalizados al programa de reconstrucción de Acapulco. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, expresó su beneplácito, aunque el senador Germán Martínez Cázares, coordinador del Grupo Plural, objetó ese acuerdo.

“No es admisible”, sentenció el legislador michoacano, “porque no es constitucional. El Artículo 22 prohíbe la confiscación de ese recursos… ¡Sí a la ayuda para Acapulco, no al pillaje del Congreso al dinero de los fideicomisos judiciales”.

Tras de una reforma constitucional, a partir del primer día del 2021, el fideicomiso del Fonden entró en etapa de extinción y sus recursos —llegó a concentrar 61,000 millones de pesos, al cierre de la pasada administración— fueron concentrados en la Tesorería de la Federación. Y desde entonces, los recursos para estas eventualidades se asignan al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La declaratoria de emergencia liberó los primeros recursos para atender los efectos de las “lluvias severas y fuertes vientos” del martes 24 de octubre. Para cubrir los destrozos que dejó Otis en una amplia franja de la Costa Grande de Guerrero, está la reserva de riesgos catastróficos de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, que de acuerdo con un reporte reciente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ascendían a 21,873 millones de pesos, al pasado 30 de septiembre.

Al corte del tercer trimestre del 2023, el monto de las coberturas de reaseguro de exceso de pérdida efectivamente disponibles era de 69,000 millones de pesos. Una primera estimación de la CNSF reportó una pérdida bruta de 19,734 millones de pesos y una pérdida retenida de 2,225 millones para todo el mercado asegurador, por el paso de Otis.

Según Gallagher Re, Otis generará pérdidas económicas por más de 10,000 millones de dólares. Tal previsión incluye los daños directos y las pérdidas netas por la interrupción de las actividades económicas derivadas de los afectaciones a las propiedades físicas, la infraestructura y las actividades agropecuarias.