Autoridades y aseguradoras analizan la forma en que se pueden proteger ante contingencias. Los efectos del cambio climático año con año se hacen más evidentes y muestran la vulnerabilidad de la población ante eventos catastróficos. Inundaciones provocadas por huracanes o fuertes lluvias, así como los impactos por sismos son frecuentes en México, en un momento en el que el país ha realizado algunos ajustes en las políticas para enfrentar este tipo de fenómenos.

La percepción de la ciudadanía y expertos sobre la frecuencia de estos eventos catastróficos ha empeorado. De acuerdo con el estudio AXA Future Risks 2021, en el caso de México, ocho de cada 10 expertos y 73% de la población general consideran que la vulnerabilidad del país a los riesgos es mayor que hace cinco años.

En ese sentido, las tres principales amenazas que se perciben sobre el país son las relacionadas con el cambio climático, ciberseguridad, así como pandemias y enfermedades infecciosas.

El instrumento financiero con el cual México ha enfrentado en años recientes el impacto de estos siniestros es el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), un fideicomiso creado en 1999 y que, pese a la polémica generada a su alrededor, se mantiene en el país con un presupuesto previsto para 2022 de 9 mil 55 millones de pesos.

Este fondo registró un cambio importante en su operación por parte de las autoridades, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo señalara dentro de los fideicomisos que se prestaban para la corrupción en el manejo de recursos públicos.

“En 2020 se aprobaron 3 mil 353 millones de pesos y en 2021, 8 mil 727 millones de pesos. Entonces, no hay una desaparición de fondos para desastres naturales. Pero lo más importante es que el gobierno no va a rehuir a su responsabilidad cuando se presenten desastres en cualquier ámbito natural”, dijo en septiembre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Otro de los mecanismos con los que cuenta México para la atención de una catástrofe es el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fodepren), para el cual el próximo año se plantea un presupuesto de 207 millones 505 mil pesos.

Además del impacto por muertes y pérdidas materiales, los desastres naturales inciden en las finanzas públicas. Por años, el sector asegurador en México ha insistido en contar con una visión integral para una sana administración de los riesgos.

“Llevamos tiempo trabajando con las autoridades para, un poco, en lo que podamos, ayudarlas, asesorarlas, apoyarlas en tener una estructura dentro del gobierno para administrar los riesgos, identificarlos, asumirlos, tener las reservas que se deban tener, contratar los seguros que se deben contratar. Esto es a nivel del gobierno federal, así como de los gobiernos de los estados”, mencionó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Juan Patricio Riveroll.

ESCASA PROTECCIÓN PRIVADA

Los recursos gubernamentales no alcanzan para cubrir los impactos por el efecto del cambio climático en un país tan expuesto como México. Estadísticas de la AMIS muestran que, si bien 2020 fue un año con pocos huracanes, en daños asegurados se tuvo un impacto por 4 mil 300 millones de pesos, es decir, un incremento de 80% más contra el monto de 2019.

Para el director general de AXA México, Daniel Bandle, si bien hay conciencia sobre el grado de exposición, el impacto del cambio climático y las nuevas amenazas a partir de ciberataques, se debe buscar la colaboración entre el gobierno y empresas para diseñar políticas que mejoren la prevención.