La crisis sanitaria que sobrevino por la pandemia de la COVID-19, aunada a algunas decisiones poco acertadas del Gobierno en materia económica, provocó una tormenta perfecta. Ante ella, la pericia, rapidez, flexibilidad y enfoque del sector asegurador serán fundamentales para lograr sortear este proceso de la mejor manera posible; en este  entorno, el momento parece idóneo para que las aseguradoras busquen adaptar y ofrecer coberturas de bajo costo, como los seguros básicos estandarizados, que favorezcan las ventas dentro de  la compleja situación económica que hoy vivimos.

En entrevista para El Asegurador, Mario di Costanzo Armenta, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señaló lo anterior y consideró que  tras la crisis desatada por la COVID-19  la pandemia que se avecina será económica, ante la cual, si no hay una postura y trato diferente hacia el inversionista ni incentivos fiscales que hagan viable la conservación de empleos y empresas, la recuperación de México será compleja y demasiado larga.

Di Costanzo Armenta dijo que, desafortunadamente  —por la falta de cultura de la previsión,   además de las circunstancias ya explicadas,  que dañarán  el bolsillo de las personas—, se abre la posibilidad de que el consumo de seguros se debilite. Por  ejemplo, algunos clientes con intención de compra quizá dejen de contratar, y lo mismo sucederá con las  renovaciones.

En este  contexto, el expresidente de la Condusef sugirió que las aseguradoras establezcan una estrategia que promueva el consumo de seguros básicos estandarizados o propios de su oferta,  económicamente accesibles, en el entendido de que siempre será  mejor tener algo de protección que no tener nada. A lo mejor, aventuró,  por esta coyuntura un agente podrá vender más fácil y rápidamente  una cobertura de esa naturaleza que un seguro de Gastos Médicos de gran costo, lo que le permitirá seguir teniendo un ingreso en medio de la turbulencia, a la vez que se da protección a las personas.

  Di Costanzo Armenta subrayó que además es momento de  que el Gobierno  responda y contribuya aportando un plan anticrisis que cree las condiciones  necesarias para que los empleadores logren mantener sus empresas y su planta laboral. Hoy el foco de toda atención está en la salud;  pero, cuando el virus esté controlado, lo que sigue es la pandemia económica, cuyas consecuencias,  al igual que las  de la enfermedad,  ya se están viendo en diferentes países, indicó.

Es importante señalar, indicó el entrevistado, que en el caso específico de México, además por supuesto del padecimiento en sí, se han combinado otros factores que han desajustado la economía.

Por otra parte, el extitular de la Condusef indicó que, si quitamos la crisis pandémica, México viene arrastrando desde el año pasado factores de estancamiento económico: el  crecimiento fue en ese periodo de 0.1 por ciento, lo que significa que la economía se hizo más chica. Para completar este ominoso escenario,    la falta de inversión pública y privada bosquejó  que para este año la situación sería igual de  complicada o quizá peor que la del  año pasado, aun si se omite el factor COVID-19 del panorama.

En este catálogo de desventajas está también,  añadió Di Costanzo Armenta, el retraso de la entrada en vigor del T-MEC y las políticas económicas y financieras que ha seguido el Gobierno mexicano, poco objetivas y escasamente transparentes, que agudizaron de manera grave la incertidumbre, al grado de que los analistas vaticinan que la economía caerá en al cierre de este año, 1.7 por ciento en las circunstancias más optimistas, y hasta 8 por ciento según los augurios más pesimistas. Este último caso, ya advierte Bank of America, constituiría un desplome como no se veía en México desde 1932.

En una situación económica tan  compleja, asevera nuestro entrevistado, si el Gobierno  no otorga  apoyos fiscales, se pone seriamente en juego la desaparición de aproximadamente 150,000 pymes,    y con ello la pérdida de alrededor de un millón de empleos, que se sumarían  a los que ya se han eliminado  hasta el momento. Esto significa, explicó Di Costanzo Armenta, que la economía del país tendría alrededor de tres millones de personas sin trabajo, cuota que duplicaría   los índices de desempleo que hoy se padecen.

Con la falta de empleo y la consecuente escasez de recursos entre los ciudadanos,  lo primero que se observará será una caída en el consumo y en la demanda de productos y servicios, así como el incumplimiento en el pago de deudas de créditos, lo que provocará que la crisis se traslade al sector financiero, dijo el exfuncionario de la instancia defensora.       

Di Costanzo Armenta subrayó que nuestro  país podría empezar a reconstruir su economía hacia el cierre de este año si, por un lado, hay un cambio en la  percepción y trato del Gobierno hacia la inversión privada, la cual se traduciría  en inversiones reales; y si, por el otro, se crea  un programa que salvaguarde  la planta productiva y el empleo. Si no tenemos eso, muy difícilmente habrá una recuperación durante este año, concluyó el entrevistado.